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Boletín de noticias 15 de marzo de 2011
EL TIEMPO
PRESIDENTE DE LA CORTE DICE NO TEMER QUE INVESTIGUEN A LA INSTITUCIÓN
Este lunes se reunieron de manera extraordinaria, en la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la rama judicial Camilo Tarquino, la fiscal general de la Nación, Viviane Morales, y el procurador general, Alejandro Ordóñez, para tratar las grandes preocupaciones que surgieron a raíz del testimonio del desmovilizado alias 'el Tuso', en el que afirmó que 'Macaco' financió la elección de Mario Iguarán en la Fiscalía.
Esta mañana, y luego de esta reunión, el magistrado Tarquino le contó a 'La FM' que no teme que sea investigada la Corte, pues no tiene absolutamente nada que esconder.
"La Corte Suprema de Justicia no tiene nada que esconder por eso le ha solicitado a la doctora Vivian y al doctor Alejandro que investiguen lo que tengan que investigar", dijo el Presidente de la Corte.
Afirmó que esta investigación es vital para que "no se sigan tejiendo esta clase de rumores que le hacen daño a la justicia y concretamente a la Corte".
EL ESPECTADOR
PIDEN A LA CORTE TUMBAR NUEVA LEY PARA PROMOVER DESMOVILIZACIONES
Los demandantes aseguran que la norma legaliza el paramilitarismo y promueve las falsas desmovilizaciones
Ante la Corte Constitucional fue demandada la Ley que aprobó el Congreso para promover la desmovilización de grupos armados ilegales, como respuesta a la declaratoria de inexequibilidad de mecanismos para exonerarlos de algunas conductas, como lo era el llamado principio de oportunidad.
La principal objeción recae sobre el contenido del artículo mediante el cual se impulsa la creación de una Comisión ante la cual el reinsertado confesará todos los crímenes de los que fue testigo y copartícipe, pero sin que por ello pueda ser judicializado.
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estados, Movice, encabezados por el representante Iván Cepeda, y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, le pidieron a la Corte que declare inconstitucional los artículos primero, cuarto y sexto de la Ley 1424 de 2010, porque a su juicio termina dando legitimidad a las vejaciones que ha cometido el paramilitarismo en contra de la población civil.
“ (…) Legaliza el paramilitarismo en Colombia; es una Ley contraria a los estándares internacionales y a los pronunciamientos de la Corte Constitucional colombiana, es decir, violenta el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral”, reflexionó el jurista Rafael Barrios del Colectivo de Abogados, frente al contenido de la norma.
Precisó que ya la Corte Constitucional le había dicho o no a las intensiones de la administración Uribe de que los desmovilizados de las Autodefensas fueran juzgados por sedición, es decir, un delito político que le confiere legitimidad a sus actuaciones; de ahí que el abogado considere que “lo que está haciendo el Gobierno es un reencauche de leyes anteriores que han sido declaradas inexequibles”.
En su artículo sexto, la norma señala que las autoridades deben cancelar las órdenes de captura vigentes en contra de los actores armados por los delitos de concierto para delinquir simple o agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias, utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, y porte ilegal de armas de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armados o de defensa personal, cargos contemplados en el primero de los artículos.
El cuarto, a su turno establece la conformación de una Comisión de la Verdad a través de la cual el desmovilizado contará toda la verdad de su actuación delictiva, como consecuencia de su pertinencia al grupo, pero bajo la promesa de que sus revelaciones, en ningún caso, serán judicializadas.
DESPUÉS DE CUATRO AÑOS EN PRISIÓN GIORGIO SALE ESTÁ EN LIBERTAD
Ahora rendirá testimonio ante una delegación de la Comisión de Acusación, sobre su cercanía a magistrados y otras personalidades.
El empresario italiano Giorgio Sale, famoso por sus incursiones en el mundo social hasta hace cinco años y piedra de escándalo por sus aproximaciones a algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, recobró su libertad la semana anterior. Estaba preso en Roma desde el 22 de noviembre de 2006, en desarrollo de una operación internacional contra el narcotráfico y el lavado de activos, pero saldó sus cuentas, según su hijo Stefano, quien también aspira a salir de una cárcel en Cartagena.
En su momento, la captura de Giorgio Sale se produjo en desarrollo de la operación ‘Tiburón Galloway’ y corrieron la misma suerte sus hijos Cristian, Stefano y David Sale. Junto con ellos fueron detenidas 49 personas en Italia, España y Colombia. Esa acción fue el desenlace de una investigación de cinco años con centenares de interceptaciones telefónicas que, en el caso colombiano, terminaron develando las relaciones entre el empresario italiano y el jefe paramilitar, hoy extraditado a Estados Unidos, Salvatore Mancuso.
De igual modo, a pesar de que los rastreos del capítulo Sale-Mancuso llegaron a identificar a 31 personas de nacionalidad colombiana, el asunto hasta ahora sólo se limita al procesamiento de dos implicados más: el médico veterinario Celso Alfredo Salazar Castañeda y el ingeniero textil Francisco Javier Obando Mejía. El primero obraba como enlace del jefe paramilitar y Obando desarrollaba las instrucciones del empresario italiano. Ambos aceptaron los cargos y fueron condenados por el delito de lavado de activos.
Recientemente, el expresidente de la Comisión Antimafia del parlamento italiano, Francesco Forgione, a través de su libro Mafia export, dio a conocer un detallado diagnóstico sobre las proyecciones de las principales mafias italianas, en el que no faltaron alusiones al tema colombiano. El propio Forgione admitió que hay muchas conexiones entre los mafiosos calabreses y los narcotraficantes colombianos, así como jefes del paramilitarismo, en concreto con Salvatore Mancuso, de ancestros italianos.
Como se sabe, Giorgio Sale llegó a desarrollar en Colombia una activa gestión empresarial, al punto de que sus negocios La Enoteca, Made in Italy, Vinería italiana, entre otros, llegaron a convertirse en el centro de la vida social en Barranquilla, Cartagena y Bogotá. Y en medio de este cabildeo, el audaz empresario italiano logró hacerse a la amistad de varios magistrados de las distintas cortes, razón por la cual surgieron sospechas sobre la conducta de algunos de ellos. Hubo regalos, agasajos y estas relaciones dejaron en tela de juicio a algunos juristas.
Según conoció El Espectador, a pesar de que el interés de Giorgio Sale es recobrar su vida privada y sus negocios, su primera gestión tiene que ver con Colombia, pues tiene una cita pendiente en el consulado en Roma. El tema tiene que ver con una citación de integrantes de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que tiene interés en escuchar del propio Giorgio Sale, cuál fue la motivación y particularidades de sus acercamientos con la Corte Suprema de Justicia y otros dignatarios del Poder Judicial en Colombia.
La investigación contra Giorgio Sale y sus hijos fue promovida por el Tribunal de Reggio Calabria, que logró acreditar desde los correos electrónicos que el empresario enviaba desde hoteles a Salvatore Mancuso, hasta las conversaciones de sus hijos en las cuales también quedó claro el interés por resolver la situación jurídica de tres italianos que fueron sorprendidos en 2002 en el aeropuerto Eldorado, en posesión de $902 millones en efectivo. Los detenidos fueron absueltos en doble instancia.
LA CUENTA ASCIENDE A $5 MILLONES
EN VILO, DESPLAZADOS QUE SE ALOJAN EN HOTEL
Aseguran que no han recibido ayudas, pero la Secretaría de Gobierno afirma que les entregó subsidios de $300 mil por núcleo familiar.
Desplazados viven en hotel
Las 11 familias desplazadas, que fueron desalojadas el pasado jueves del edificio perteneciente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en el que vivieron dos años y medio, siguen alojadas en el Hotel Bogotá, donde la Secretaría de Gobierno los ubicó, sin que por ahora se vislumbre solución a su situación.
La preocupación es total para ellos, más teniendo en cuenta que la deuda con el hotel ya asciende a $5 millones, según dijeron. Milton Rosales, el vocero de estas familias, declaró que hasta ahora no han recibido ayudas ni de la administración ni de Acción Social, y que están a la espera del subsidio de $300 mil por núcleo familiar que prometió la Secretaría de Gobierno.
Sin embargo, fuentes de ese despacho le dijeron a este diario que la semana pasada entregaron a los desplazados $300 mil por familia, además de kits de emergencia para que los usen, mientras Acción Social los atiende con subsidios.
LA JUSTICIA DEL GENERAL VELANDIA
El largo proceso judicial que está detrás de la restitución del general (r) Álvaro Velandia H.
El 30 de agosto de 1987, minutos después de terminar una celebración familiar y cuando transitaba por una calle del barrio Casablanca, en el suroccidente de Bogotá, desapareció la militante del M-19 Nydia Érika Bautista. Desde entonces han pasado 24 años y a pesar de que el caso dio lugar a una decisión de la justicia internacional contra el Estado, en el país no se ha saldado y, en su lugar, sigue vigente la pelea jurídica del general (r) Álvaro Hernán Velandia, a quien la Procuraduría destituyó hace 16 años por este episodio.
El último capítulo de este interminable expediente sucedió la semana pasada en el Consejo de Estado, cuando una Sala de Conjueces, por vía de tutela, ordenó la restitución de Velandia a su condición de general, reconociendo de paso los salarios y prestaciones dejados de percibir desde 1995. Tres de los magistrados titulares, entre ellos su presidente Mauricio Fajardo, se mostraron en desacuerdo con la sentencia, aunque más por la tradicional oposición a la tutela contra sentencias judiciales. Pero en sí mismo, el caso no tiene parecido.
A pesar de que la desaparición de Nydia Érika Bautista se investigó desde el mismo 30 de agosto de 1987, el asunto cobró importancia cuando un sargento identificado como Bernardo Garzón Garzón acudió a la Procuraduría y además de inculpar a inteligencia militar del hecho, dio las coordenadas exactas para localizar el cadáver. Y efectivamente, los restos mortales de la activista del M-19 fueron hallados en zona rural del municipio de Guayabetal (Cundinamarca). Esta particularidad reactivó la investigación en la Procuraduría General.
El en aquel momento procurador delegado para los Derechos Humanos, Hernando Valencia Villa, vinculó al caso al entonces coronel Álvaro Hernán Velandia, quien para la época de los hechos oficiaba como jefe del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia Militar (Coici) en Bogotá. Pero a la hora de notificar su destitución en julio de 1995, al parecer se hizo por fuera de los términos legales pues se habían vencido los cinco años que tiene el Ministerio Público para adelantar sus procesos.
Desde entonces la pelea es de nunca acabar. El oficial, quien comandaba la Tercera Brigada en Cali cuando se produjo la decisión de la Procuraduría, recurrió el fallo. El Ministerio Público confirmó su decisión y el delegado Hernando Valencia, objeto de múltiples amenazas, marchó al exilio. Velandia, ya con cargo de general, tuvo que asumir la decisión del Gobierno de destituirlo con base en el fallo de la Procuraduría, pero decidió demandar al Estado a través de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
En 1997, el Tribunal del Valle falló en contra del general (r) Velandia, quien alegando debido proceso ya había llevado su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 23 de mayo de 2002, los entonces magistrados del Consejo de Estado Alejandro Ordóñez Maldonado —hoy procurador general— y Jesús María Lemus, en una sala de tres integrantes, revocaron la sentencia y ordenaron la restitución del general Velandia, con la indemnización económica respectiva. De inmediato aparecieron cuatro recursos.
En septiembre de 2009, la Sala Plena del Consejo de Estado desestimó los argumentos de sus antiguos colegas, le dio la razón al Tribunal del Valle y revivió la restitución del general Velandia. El oficial, quien además es abogado de la Universidad de Medellín y lleva más de una década complementando sus estudios en derecho procesal, regresó a la tutela. Fue necesario integrar una sala de tres conjueces para resolverla. Por dos a uno, la nueva instancia volvió a revivir las pretensiones del oficial, con las indemnizaciones del caso.
Ahora es el presidente de la corporación, magistrado Mauricio Fajardo, quien se opone, con el apoyo de la magistrada Susana Buitrago. Su argumento: el respeto a las decisiones de última instancia. Es decir que, por seguridad jurídica, la tutela no debe proceder contra sentencias judiciales. Esta oposición prevé una nueva instancia y que, definitivamente, este interminable caso terminará resolviéndose en la Corte Constitucional, organismo que tiene potestad para ser el órgano de cierre en materia de acciones de tutela.
En pocas palabras, un verdadero laberinto jurídico para un caso de tan extrema gravedad. En opinión de Yaneth Bautista, hermana de la desaparecida Nydia Érika y a raíz del caso fundadora de la Asociación de Familiares de Desaparecidos (Asfaddes), lo que se demuestra en este episodio es la enorme impunidad que lo ha rodeado. “Los responsables implicados en el caso, que son miembros de las Fuerzas Militares, van a terminar evadiendo cualquier acción de la justicia”, agregó Yaneth Bautista.
A su vez, el general (r) Velandia Hurtado, consultado por El Espectador, observó que en el caso del sargento Garzón Garzón, hubo comprobada clonación de testigos; que tanto la justicia ordinaria como la justicia penal militar investigaron el caso y precluyeron a todos los procesados; que él está en su derecho de defender el debido proceso y su honor militar. “Yo creo en la justicia y he peleado y lo seguiré haciendo con los argumentos que me permite la ley dentro y fuera del país”, agregó el exoficial.
No se trata de un general retirado más. El nombre de Álvaro Velandia Hurtado, entre enemigos acérrimos y defensores incondicionales, suscita controversia. Con más de 30 años de servicio activo, desde que recibió el grado de capitán se convirtió en uno de los oficiales determinantes en el área de inteligencia. Sus éxitos operativos llegaron tan rápido como los señalamientos en su contra. De hecho, cuando a principios de 1983 el entonces procurador Carlos Jiménez develó los presuntos nexos del MAS, fue incluido su nombre.
Entonces Velandia oficiaba como comandante del Batallón Patriota en Honda (Tolima), alcanzó a ser investigado y también absuelto. Luego fue inspector delegado para las Fuerzas Militares y gestor del Batallón Charry Solano hasta llegar a ser el director de Inteligencia del Ejército. Sus labores siempre las alternó con la cátedra en la Escuela Superior de Guerra. Cuando le llegó la destitución de la Procuraduría, hacía parte del Bloque de Búsqueda que terminó por capturar a los Rodríguez Orejuela.
A sus 69 años, Velandia es activo integrante de la Asociación de Militares Retirados (Acore) y dicta cátedra en la Universidad Nueva Granada. Todos los días revisa su caso y lo consulta con varios exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, y una y otra vez insiste en que nada tiene que ver con la muerte de Nydia Érika Bautista, pues “ella fue colaboradora del Ejército”. En contraste, las organizaciones de Derechos Humanos lo siguen señalando de ser el autor intelectual de la desaparición de la militante del M-19. La Corte Constitucional dirá la última palabra.
FISCAL Y PROCURADOR SE COMPROMETEN A INVESTIGAR ELECCIÓN DE MARIO IGUARÁN
La actual jefe del ente acusador, Vivianne Morales, y el procurador Alejandro Ordóñez fueron convocados por la Sala Plena de la Corte.
A petición del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Tarquino, el procurador Alejandro Ordóñez y la fiscal Vivianne Morales se reúnen con su Sala Plena se comprometieron a investigar el supuesto ofrecimiento de 5.000 millones de pesos a cambio de garantizar la elección de Mario Iguarán Arana como jefe máximo del ente investigador.
La Corte se puso disposición de los organismos de investigación penal y disciplinaria, a fin de que se indagara la veracidad de esas afirmaciones, lanzadas por el supuesto narcotraficante John Éidelber Cano, alias ‘Jhonny Cano’ y por un oficial (r) de la Policía; según sus denuncias, Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, quien comandaba el Bloque Central Bolívar, fue quien puso sobre la mesa el dinero, a fin de promover la elección de un fiscal que favoreciera a los paramilitares en Justicia y Paz.
Con 17 votos Mario Iguarán Arana, venció el favoritismo del hoy magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, que solo obtuvo siete votos, mientras la jurista Consuelo Caldas cerró la lista con apenas un sufragio. Un mes después de la elección, en agosto de 2005, llegó un anónimo a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes en el cual se denunciaba la supuesta compra de la conciencia de los electores del nuevo jefe del ente acusador.
Años después de conocidos estos señalamientos, que no tuvieron ningún eco en materia judicial y disciplinaria por falta de pruebas, uno de los cables de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, filtrados por Wikileaks y dados a conocer por El Espectador, puso en evidencia que la misma sede diplomática expresó su preocupación por las denuncias.
El hoy exfiscal Iguarán y el actual presidente de la Corte Camilo Tarquino descalificaron esas sindicaciones y señalaron que se trataba de simples rumores que no se encontraban respaldados por prueba alguna.
Fue el mismo magistrado Tarquino quien convocó a la fiscal Vivianne Morales y al procurador Alejandro Ordóñez a la reunión con la Sala Plena que tiene lugar este lunes en el Palacio de Justicia.
EL NUEVO SIGLO
MUY REGULARES SESIONES EXTRAS: CONGRESISTAS
Un balance positivo, pero no del todo satisfactorio, de las sesiones extraordinarias que culminan mañana, presentaron algunos congresistas consultados por EL NUEVO SIGLO.
Varios legisladores se defendieron de las críticas hechas por las demoras en el análisis de los decretos de la Emergencia Social, Económica y Ambiental para contrarrestar los efectos del invierno, y otros criticaron la permanente ausencia de los Ministros a los debates de control político.
El vocero en el Senado del Partido Social de Unidad Nacional (La U), Roy Barreras, señaló “que el balance es positivo. La Comisión Primera abordó unos temas gruesos; el primero, la evaluación de los decretos de la Emergencia que, como se sabe, tuvo apoyo en el Congreso pues se trató de una calamidad sobreviniente. En mes y medio se puso a disposición de las distintas bancadas la concertación del proyecto de la Ley de Reparación a Víctimas para poner finalmente a consideración de la Comisión Primera la aprobación de su articulado. También se avanzó en el proyecto de la escisión de los Ministerios y las facultades extraordinarias”.
Barreras agregó que ya entrando las sesiones ordinarias, “la reforma judicial es inaplazable, porque se necesitan garantizar jueces y fiscales que permitan la judicialización de miembros de bandas comunes”.
Sin embargo, una posición contraria tuvo el senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo: “Aquí se busca probar que esas sesiones extras son por completo necesarias, pero esas extras al final para lo único que sirven es para que el Gobierno pose de ser muy diligente, porque no se tramita nada. Es decir, lo único que avanzó fue el Plan Nacional de Desarrollo, pero ¿cuál es el afán de aprobarlo?, ¿cuál es la diferencia entre aprobarlo a finales de marzo o en abril?”.
Según el congresista, es muy difícil hacer control político en las sesiones extraordinarias y realizar un análisis efectivo de los decretos de la Emergencia, porque “son con fuerza de ley, y lo único que puede hacer el Congreso con respecto a ellos es opinar. Ya después hay que mirar si alguien en el Congreso presenta un proyecto de ley para derogar alguno de esos decretos, pero el Legislativo no puede hacer nada más. De otro lado, en sesiones extras hacer debates de control político es supremamente difícil”.
“El Gobierno lo hizo con una buena intención, con el propósito de avanzar, como efectivamente se hizo, en la agenda legislativa, pero no lo que uno podría esperar, porque el trabajo grueso se concentró en las Comisiones Primeras y Terceras, y eso hace que realmente no se sienta tanto el trabajo en el resto del Congreso”, manifestó el vocero en la Cámara del Partido Conservador, Telésforo Pedraza.
En cuanto a los decretos, el legislador argumenta que lo complejo de la estructura de los decretos de la Emergencia “y por el contenido de los decretos que se dictaron bajo el uso de esas facultades, ha demandado un análisis prolongado, y los miembros de la subcomisión que se nombró por la Presidencia de la Cámara algún trabajo han venido haciendo”.
El vocero del Partido Liberal en la Cámara, Guillermo Rivera, tuvo una visión similar: “Mi balance es intermedio, porque se habría podido avanzar más, pero se avanzó. Sin embargo, se avanzó porque se avaló el decreto marco” de Emergencia Social, “y ya los decretos específicos seguramente se examinarán en las sesiones ordinarias que inician el miércoles”.
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN POPULAR: ENTRE TRABAS E IGNORANCIA
Más allá del voto y el eco mediático a los referendos, ninguna revocatoria progresa, no hay noción de cabildos abiertos y se confunde el plebiscito.
NO POCAS de las críticas que desde varios sectores le hacen a la Constitución de 1991 se basan en que algunos de sus mandatos no se han podido implementar o aterrizar adecuadamente en las dos décadas de su vigencia.
Y ese parece ser el caso de lo mandado por el artículo 103, según el cual “son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentará”.
Esa ley estatutaria, precisamente, es la 134 de 1994, que ha sido reformada por otras como la 741 de 2002 y no en pocas ocasiones ha estado en la mira de reformas legales, constitucionales y hasta propuestas de modificarla por la vía de los propios mecanismos que regula.
La queja de los críticos de la norma se basa en que en los 15 años de vigencia, la posibilidad de aplicar de forma expedita y útil cada uno de los mecanismos de la llamada “democracia directa y participativa” se ha estrellado con múltiples barreras de forma y fondo.
De lo obvio a…
Del ‘menú’ de mecanismos, el que más ha funcionado es, obviamente, el voto. Pese a los niveles de abstención electoral, que en la contienda presidencial del año pasado llegó a 55,52 por ciento, en Colombia el concepto de democracia representativa está vigente.
No pasa así con el resto de los instrumentos. Por ejemplo, la figura del plebiscito ha permanecido prácticamente que inutilizada en estos 15 años. Según la Ley 134, “el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá convocar al pueblo para que se pronuncie sobre las políticas del Ejecutivo que no requieran aprobación del Congreso; excepto las relacionadas con los estados de excepción y el ejercicio de los poderes correspondientes”.
Entre las razones por las cuales no se ha utilizado este mecanismo figuran la falta de conocimiento sobre sus alcances, las prevenciones en torno a que convoque para aterrizar propuestas populistas y la reiterada queja de que la ley le puso un requisito desproporcionado, al señalar que tiene que votar afirmativamente la mitad más uno del censo electoral respectivo.
Pero si el flanco débil del plebiscito es que no se ha utilizado, la de otro mecanismo, el de la revocatoria del mandato, es que los requisitos legales son tan difíciles de alcanzar que todos los intentos que se han llevado a cabo (alrededor de 30 en 15 años) para sacar del poder a distintos alcaldes, terminaron fracasando.
¿Las razones? Las mismas: falta de pedagogía ciudadana, el marcado abstencionismo, las maniobras non sanctas de los alcaldes cuestionados para evitar que el “sí” triunfe y, de nuevo, que es muy difícil alcanzar en las urnas el umbral mínimo de votación, pues se requiere la aprobación de la mitad más uno de los votos depositados, siempre que el número de sufragios no sea inferior a 55% de los votos válidos registrados el día en que se eligió al alcalde o al gobernador.
Referendo y otros
Después del voto, el mecanismo de participación popular más utilizado en Colombia es el referendo. El más reciente fracasó en 2003. Proponía medidas contra la corrupción y politiquería, pero de 18 preguntas sólo pasó 1. El año pasado hubo varias iniciativas que cumplieron el requisito de las firmas, pero nunca llegaron a las urnas. Tales son los casos de los que abrían paso a una segunda reelección presidencial, imponían cadena perpetua a los violadores de niños o elevaban el estatus del derecho al agua potable.
Más allá de la polémica que rodeó al trámite del referendo re-reeleccionista que la Corte Constitucional hundió hace un año, en perspectiva, los flancos débiles de este mecanismo van desde los errores logísticos y legales en los comités promotores y los yerros cometidos por el Congreso en su aprobación, hasta la dificultad que implica el alcanzar que 25 por ciento del censo electoral vigente vote a su favor.
Peor es el panorama para otro mecanismo: la iniciativa popular y normativa que permite a un grupo de ciudadanos presentar un proyecto de acto legislativo o de ley ante el Congreso, de ordenanza ante las Asambleas, de acuerdo ante los Concejos municipales o distritales y de resolución ante las Juntas Administradoras Locales (JAL).
Salvo el de la ley antisecuestro impulsado a mediados de la década de los noventa, este mecanismo sigue engavetado, en gran parte porque existe desconocimiento de su utilidad y es exagerado el requisito de que debe contar con el respaldo de por lo menos cinco por ciento de los ciudadanos inscritos en el censo electoral correspondiente.
Sobre la consulta popular, de los pocos ejemplos concretados está la decisión de que el Día sin Carro en Bogotá se hiciera anualmente. Fue convocada en tiempos del alcalde Enrique Peñalosa. De resto, presidentes, gobernadores y alcaldes no han acudido a este mecanismo pese a su utilidad para conocer el termómetro de la opinión sobre determinado tema.
Y por último está el llamado Cabildo Abierto, que según la ley “es la reunión pública de los Concejos distritales, municipales o de las Juntas Administradoras Locales, en la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad”.
Según analistas, estas discusiones sí se dan a nivel local y municipal, pero no dentro de la formalidad del “Cabildo Abierto” (que tiene también altos requisitos) y por lo tanto las decisiones allí tomadas no terminan siendo “vinculantes” para Concejos y JAL.
Como se ve, 20 años después de su definición en la Carta de 1991 y a 15 años de vigencia de la Ley 134, los mecanismos de participación popular, a excepción del voto y eco mediático a los referendos (que no su llegada efectiva a las urnas), permanecen sin aplicabilidad real y el concepto de democracia participativa continúa siendo muy nebuloso.
PIDEN INVESTIGAR SUPUESTA COMPRA DE ELECCIÓN DE IGUARÁN
La fiscal Vivianne Morales pidió la declaración del extraditado jefe paramilitar alias Macaco.
Ante la fiscal Vivianne Morales y el procurador Alejando Ordóñez, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su presidente Camilo Tarquino, pidió que se investigara las supuestas irregularidades denunciadas en la elección del ex fiscal Mario Iguarán Aldana.
Este hecho, que fue revelado en uno de los cables de Wikileaks, señala que el presunto narcotraficante John Eidelber Cano, alias Johnny Cano y un oficial retirado de la Policía indicaron que el extraditado paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, quien comandó el bloque Central Bolívar de las autodefensas, ofreció cinco mil millones de pesos con el fin de promover la elección de un fiscal que les diera un trato benigno a los desmovilizados paramilitares que hicieran parte de la ley de Justicia y Paz.
La ley de Justicia y Paz fue creada por el Gobierno de Álvaro Uribe, como mecanismo de justicia transicional para lograr la desmovilización de varios bloques de las autodefensas, en la que los ex paramilitares a cambio de revelar el nombre de desaparecidos, la ubicación de fosas comunes y las órdenes dadas por sus superiores, recibirían una pena máxima de cinco años de cárcel, siempre y cuando no fueran objeto de investigación por delitos de lesa humanidad.
En la elección que se realizó en el 2005, Iguarán Aldana fue escogido como director del ente investigador con 17 votos, venciendo al hoy magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, quien obtuvo siete sufragios.
Un mes después de la elección, llegó un anónimo a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes en el cual se denunciaba la supuesta compra de la elección del ex fiscal general.
Ayer, tanto Mario Iguarán, quien actualmente se desempeña como embajador en Egipto, como el magistrado Camilo Tarquino descalificaron esos señalamientos y afirmaron que se trata de simples rumores que no se encontraban respaldados por prueba alguna.
“Vuelve y juega ese rumor, nosotros tomamos decisiones que no compartieron algunas personas involucradas dentro el proceso y que calificaron como una persecución. Curiosamente todos estos rumores aparecieron justo después de que se tomaron decisiones en el proceso de la parapolítica, una clara muestra acerca de que lo que se busca es deslegitimar la justicia”, precisó Iguarán.
El ex fiscal aclaró además que desde que fue viceministro de Justicia en 2004 fue una de las personas “con más conocimiento” sobre la ley de Justicia y Paz y su aplicación, con lo que le ha dado total cumplimiento a dicha disposición desde su llegada a la Fiscalía.
Por su parte, el presidente de la alta Corte señaló que esa elección “fue muy transparente, clara, no hay manto de duda en ella (…) me parece descabellado, somos 23 magistrados y no veo de ninguna manera como se puede llegar a afirmar semejante inexactitud, eso no corresponde a la verdad”.
De otro lado, después de la reunión que sostuvieron en la Corte Suprema con el jefe del Ministerio Público, Vivianne Morales pidió recaudar la versión de alias Macaco.
En la declaración que le será tomada por el Fiscal Séptimo delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Carlos Mario Jiménez deberá esclarecer si él ofreció dinero a cambio de la elección como fiscal general de Iguarán Aldana.
Según el cable de Wikileaks, revelado por El Espectador, la misma Embajada de los Estados Unidos en Bogotá expresó su preocupación ante el presunto ofrecimiento del dinero de parte del extraditado jefe paramilitar para tener un fiscal moldeable a los intereses de algunos excomandantes paras.
REVISTA SEMANA
LO QUE DIJO EL 'TUSO' EN LA CORTE SOBRE EL EXFISCAL IGUARÁN
Juan Carlos ‘el Tuso’ Sierra fue extraditado a Estados Unidos el 13 de mayo de 2008. Su declaración ante la Corte Suprema consiste en más de 13 horas de relato.
El jefe narcoparamilitar lo salpica en torno a presuntas relaciones con 'Julián Bolívar' y 'Macaco'. También habla de supuesta financiación de la 'narcos' y 'paras' a Equipo Unionista, movimiento político de Antioquia, incluido el actual gobernador, Luis Alfredo Ramos.
Una de las acusaciones más delicadas de Juan Carlos el ‘Tuso’ Sierra está dirigida al exfiscal general Mario Iguarán. “Por medio de él mandaron a pedir el favor a Mancuso de que consiguiera una foto de las corralejas de Sincelejo donde aparecía el magistrado Yesid Ramírez con (el mafioso italiano) Giorgio Sale. Y por esa foto el gobierno estaba ofreciendo dinero, que si ayudaban la pagaban, lo que fuera. De hecho a mí me decían que me ayudaban en mis procesos lo que necesitara, lo que fuera”.
El 'Tuso' asegura que se enteró del tema por intermedio del abogado Sergio González, vecino y amigo de la familia Uribe Vélez: “La razón, vuelvo y le digo, la llevó Sergio González Mejía porque todas las razones eran por medio de él, usted sabe que yo estaba era en la cárcel (…) La razón fue muy sencilla: que mandaban a pedir el favor de que había una foto…
- ¿Que mandaban quiénes?, pregunta la Corte.
“Los de siempre, Mario (Uribe), José Obdulio (Gaviria), Santiago (Uribe, hermano del presidente Uribe). Que había una foto de Giorgio Sale con Yesid Ramírez en las corralejas de Sincelejo para que la consiguiera, porque usted sabe que ellos estaban a todo vapor para desprestigiar la Corte a raíz de todo lo que arrancó con el caso Tasmania…
- ¿Cuál fue el papel de Mario Iguarán en este asunto de la foto entonces?
“Él como que era el que tenía esa información, él como que era el que sabía de esa información y él la transmitió para que la consiguieran, no sé de más porque no… Pero de esta información le puede dar más información Sergio González…
El 'Tuso' también sostiene que el exfiscal Iguarán solía departir con los jefes paramilitares ‘Julian Bolívar’ y ‘Macaco’. “De esa información, dígale a Julián que él sabe que ellos pagaban un apartamento en Bogotá solamente para las reuniones con él y con Sabas (el exministro). De hecho allá era donde hacían las reuniones y donde le llevaban mujeres a él para sinvergüenciar (sic)”.
Su apoyo a políticos de Antioquia
El 'Tuso' asegura, palabras más palabras menos, que el narcotráfico y los 'paras' determinaron la política de Antioquia. Recuerda, por ejemplo, que él entregó personalmente diez millones de pesos a Luis Alfredo Ramos (además de pendones y otros elementos publicitarios) como aporte para su campaña al Congreso en 2002. La relación con el hoy gobernador de Antioquia se dio, dijo a la Corte, luego de que los presentó el exviceministro de justicia Francisco Zapata.
El jefe narcoparamilitar dice que “estaban coordinando una correría por todos los municipios de Antioquia para esa campaña y para esas correrías –la amistad con ellos era plata– yo le aporté 10 millones de pesos”.
Según el 'Tuso', el desembolso en efectivo se dio “en la oficina del doctor Francisco, la utilizaba muy poquito y él me la facilitó a mí, pero no un día, yo estuve ahí meses”.
El extraditado le aseguró a la Corte Suprema que él y otros mafiosos inyectaron millones de pesos a Equipo Unionista, el movimiento político de Ramos que luego mutó en Equipo Colombia, y que fueron varios los militantes en ese grupo complacidos con ese apoyo.
El 'Tuso' destaca varios nombres de políticos con los que se relacionó, entre estos están Jorge Enrique Vélez (hoy Superintendente de Notariado), Óscar Arboleda Palacio (exrepresentante), Alberto Builes (exgobernador), William Vélez Mesa (exrepresentante), Jorge León Sánchez (exsenador), Guillermo Gaviria Zapata (exsenador), entre otros.
Del hoy Superintendente de notariado asegura: “Yo aporté dinero en efectivo, exactamente aporté 30 millones de pesos (…) esto fue yo ya teniendo extradición, esto fue en una finca de Rogelio (otro jefe mafioso de Medellín) yendo para Ayapel, que se llama Payandé. ¿Quiénes estuvimos en esa reunión? estuvo Rogelio, mi persona y estuvo Jorge León Sánchez; cuando se dio esa plata, no solamente se dieron esos 30, Rogelio puso otros 30 y él le pidió más plata no sé a quién, pero en ese momento de ahí salieron 60 millones de pesos para la campaña de Jorge Enrique Vélez”.
CORTE SUPREMA PIDE INDAGAR SUPUESTA INFILTRACIÓN "PARA" EN ELECCIÓN DEL EXFISCAL MARIO IGUARÁN
El alto tribunal le pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría investigar una versión según la cual en el 2005 narcoparamilitares habrían pagado unos 2,6 millones de dólares para que algunos magistrados votaran en favor Mario Iguarán como fiscal general de la Nación.
La Corte Suprema de Justicia pidió este lunes a la Fiscalía y a la Procuraduría que investiguen una versión según la cual en el 2005 narcoparamilitares habrían pagado unos 2,6 millones de dólares para que algunos magistrados del alto tribunal votaran en favor Mario Iguarán como fiscal general de la Nación.
La información la dio a conocer el presidente de la Corte, Camilo Tarquino, a través de un comunicado.
Tarquino dijo que los 23 magistrados les hicieron saber a la fiscal general Viviane Morales y al procurador Alejandro Ordóñez "la necesidad de que a la mayor brevedad posible adelanten las investigaciones que se desprendan de los hechos que varios medios de comunicación han difundido en relación con la elección del exfiscal general" Mario Iguarán.
Pero, en realidad, ni la Fiscalía ni la Procuraduría pueden investigar a los magistrados de la Corte. La solicitud entonces es percibida más como gesto de independencia judicial de los magistrados.
Tanto penal como disciplinariamente, según las leyes, los magistrados sólo pueden ser investigados por la llamada Comisión de Acusación de la Cámara, un tribunal judicial, de origen político, conformado por 19 congresistas que investigan a altas autoridades como el presidente de la República, el fiscal general y los magistrados de las altas cortes del país.
Hace dos semanas, el diario El Espectador publicó un cable de WikiLeaks de abril del 2008 en el que el entonces embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, reportó a Washington que, según una fuente anónima, varios cabecillas narcoparamilitares reunieron 5.000 millones de pesos (un poco más de 2,6 millones de dólares) para supuestamente pagar a algunos magistrados para que votaran por Iguarán (2005-2009) como fiscal general y porque era percibido como quien podía tomar medidas que les favorecieran judicialmente.
Tanto el cable diplomático como otros narcoparamilitares detenidos han dicho que el dinero fue reunido entre varios paramilitares, pero nunca se ha mencionado a cuáles de los magistrados fue entregado y si realmente llegó a manos de los altos jueces.
Iguarán ha dicho en reiteradas ocasiones que su elección fue limpia y que duda que los magistrados pudieran vender su voto.
En declaraciones entregadas a varios medios de comunicación el viernes pasado, el magistrado Tarquino dijo que él y los demás magistrados estaban "indignados" con esa versión y advirtió que ésta es la respuesta de "delincuentes" a las recientes decisiones que el alto tribunal ha tomado contra varios políticos por nexos con bandas paramilitares.
El narcotraficante Jonnny Cano, extraditado a Estados Unidos en septiembre del 2006 bajo cargos de narcotráfico, les dijo a a las autoridades, a principios del año pasado, que el también extraditado narcotraficante Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco', fue el encargado de recoger el dinero para supuestamente comprar los votos de algunos magistrados en favor de Iguarán.
CARACOL RADIO
PIDEN A LA JUDICATURA NO DESVINCULAR A FUNCIONARIOS SÓLO POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA LA PENSIÓN
La Corte Constitucional advirtió a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que en el futuro no desvincule a funcionario alguno de la rama judicial, con base, exclusivamente, en el cumplimiento de los requisitos para acceder al pago de la pensión de jubilación o de vejes.
Así lo determinó el Alto Tribunal al fallar una tutela de un magistrado del tribunal, que salió de la Rama por haber cumplido con los requisitos para la pensión, aunque no cumplía aún la edad de retiro forzoso.
En este caso, el funcionario de la rama fue incluido en el registro de Cajanal para entrar a disfrutar de su pensión.
RCN RADIO
EX PROCURADOR MAYA FUE NOMBRADO CONJUEZ DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
La sala en pleno de la Corte Constitucional nombró al ex procurador General de la Nación, Edgardo Maya Villazón, nuevo conjuez de la República para la asesoría de temas trascendentales.
Entre ellos figuran la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo y la dosis personal o revisiones de decretos o leyes firmadas en el Congreso, cuando existan impedimentos por parte de los magistrados de esta corporación.
El ex procurador fue elegido conjuez a partir de este lunes y hasta febrero de 2012 y hará parte de los de 18 destacados juristas de las calidades de Rafael Romero Sierra, Fernando Hinestrosa Forero, Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Humberto de la Calle Lombana, Juan Carlos Esguerra Portocarrero, José Roberto Herrera Vergara, Rodrigo Uprimny Yepes y Alejandro Venegas Franco.
EL MUNDO – MEDELLÍN
EL EXPEDIENTE JUDICIAL DIGITAL
POR: Néstor Raúl Correa H
El expediente digital permitirá demandar y contestar la demanda por Internet, poner en operación la firma digital, hacer las notificaciones a las partes por e-mail, realizar pagos de costas on-line y adelantar audiencias a través de videoconferencias.
El primer paso de esta “justicia en red” es la digitalización de toda la documentación. La actual documentación en papel no desaparece sino que se archivaría. Los pasos siguientes serían: elaboración de un mapa documental, la instalación de una plataforma sólida, la creación del registro de entrada electrónico, el registro presencial, el registro telemático, la puesta en operación de la firma digital y un régimen de transición que incluya amplia capacitación.
El expediente digital ahorrará tiempo para los juzgados, tiempo para los litigantes, espacio físico para archivos y sobre todo papel. Se suprimen los denominados “tiempos muertos” de los procesos, los juzgados estarían virtualmente abiertos las 24 horas y se estima, en Brasil por ejemplo, que la reducción de los procesos sería de un 70% a 80%.
La implementación del expediente digital supone contar con una plataforma gigante que soporte el sistema, la puesta en aplicación de la firma electrónica (Ley 527 de 1999) y una gran pedagogía a toda la comunidad jurídica para aprender a litigar por Internet.
Hay experiencias interesantes en España, en donde actualmente se empieza a trabajar hacia el “papel cero” y la “justicia en red” en los despachos judiciales. En la ciudad de Burgos se adelanta un ejercicio piloto. En Argentina se trabaja en la “despapelización”, a través de un ejercicio piloto que cuenta con un data center que guarda con gran celo los servidores y las firmas digitales. En todas partes comienza a tomar auge la idea.
NOTA: Después de escribir esta columna me enteré que fui designado por la Corte Constitucional como nuevo magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, motivo por el cual Eclipse, que llegó a su número 149, no aparecerá más. Esta es una despedida. Muchas gracias a la Dirección de EL MUNDO y sobre todo muchas gracias a ustedes, amigos lectores, por su paciente fidelidad.
LA VANGUARDIA
VÍCTIMAS DEMANDARON LA LEY TRANSICIONAL ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Por considerar que obstaculiza su derecho a conocer la verdad, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, demandó este viernes la ley transicional por la cual se dictan disposiciones de Justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la Ley, se conceden beneficios jurídicos.
Según el movimiento, la demanda radicada ante la Corte Constitucional explica que la Ley obstaculiza la investigación y debida sanción a las violaciones de los derechos humanos cometidas por quienes integraron diversas bandas delincuenciales.
Iván Cepeda, representante y vocero de las víctimas, indicó que la Ley termina legitimando hechos como las supuestas desmovilizaciones de guerrilleros y paramilitares, denunciadas recientemente ante la opinión pública.
El congresista explicó que uno de los puntos de mayor inconformidad tiene que ver con el hecho de que la justicia no pueda acceder a la información entregada por los desmovilizados en las declaraciones dadas una vez abandonan el grupo ilegal. "De esta manera el Estado está renunciando a su obligación de investigar, juzgar y sancionar los delitos cometidos", señaló Cepeda.
Finalmente, insistió en que la Ley desconoce la necesidad de los afectados a cuestionar las decisiones que afecten sus derechos. Los beneficios de la norma de justicia transicional, como la suspensión de órdenes de captura o de ejecución de penas, son aplicables sólo a las personas desmovilizadas de forma individual o colectiva, quienes no hayan incurrido en conductas diferentes a su sola pertenencia a los grupos armados ilegales.
LA TARDE.COM – PEREIRA
PEREIRANOS DICEN NO A LA PROHIBICIÓN DE DOSIS MÍNIMA
El Acto Legislativo 02 de 2009 que pretende reformar la Constitución para prohibir el porte de estupefacientes en su dosis mínima, ha causado gran controversia pues muchas personas consideran que se debe penalizar a quienes sean sorprendidas por las autoridades portando drogas, otros en cambio afirman que el problema no son los consumidores sino los traficantes de las mismas.
El tema volvió a ponerse sobre la mesa, luego de que el Procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez le pidiera a la Corte Constitucional que respalde la prohibición del porte y consumo de la dosis mínima de droga en Colombia que el Congreso ya aprobó pero al que sólo le falta el pronunciamiento de la Corte.
Que no la penalicen LaTarde sondeó la opinión de 60 personas a quienes se les indagó si están de acuerdo en la prohibición del porte o consumo de dosis mínima de droga en Colombia, y encontró que la mayoría de los encuestados considera que no se debe prohibir, pues atenta contra la libertad de expresión.
“Si
se empiezan a capturar personas que tengan pequeñas cantidades de droga se
congestionará el sistema judicial”, consideran ciudadanos dentro del 57 por
ciento de los encuestados.
Otros afirmaron que al prohibir la droga se generaría un efecto contrario, pues
el expendedor aumentaría el precio del estupefaciente.
El 43 por ciento se mostraron de acuerdo con la prohibición pues consideran que quien es consumidor mínimo, también lo hace en grandes cantidades.
Aunque el tema es polémico la decisión es de la corte.